Se viene la censura en internet

Un artículo de hoy de El Nacional:


La reciente presencia del vicepresidente de Cuba, Ramiro Valdés, conocido en la isla como “El gran censor de Internet”, vuelve a plantear el riesgo de que el Estado venezolano controle la información que circula por la Red.

De hecho, ya existe un texto legal (sólo falta su sanción) que permitirá que el Gobierno bloquee los contenidos de Internet que le disgusten: la nueva Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales.

¿Cómo se aplicaría la censura? Pues simple: el texto establece la implantación de un punto de acceso único manejado por el Estado. Todos, aboslutamente todos los mensajes, deberán pasar por ese filtro estatal.

Esta propuesta para reformar la actual Ley de Telecomunicaciones fue aprobada en Consejo de Ministros hace dos años, y luego se engavetó misteriosamente cuando llegó al parlamento.

Los expertos en comunicación temen que ahora se desengavete por la escalada de críticas del sector oficial hacia las redes sociales virtuales.

En las últimas semanas, ha sido evidente que al Gobierno le está resultando muy incómodo lo que se difunde gracias a las nuevas teconologías.

No hace falta lupa para interpretar estas pistas: Además de recibir la asesoría de Ramiro Valdés (supuestamente para minimizar la crisis energética), el presidente Hugo Chávez fustigó a Twitter y llamó a sus seguidores a una contraofensiva en la red; el jueves se solidarizó con el presidente de Irán justo cuando ese país bloqueó el acceso a Internet para evitar que el mundo viera las protestas de la oposición; los diputados de la Asamblea Nacional hicieron llamados al Gobierno a intervenir las redes sociales porque las consideran terroristas.

Además, con antecedentes como el cierre de más de 35 emisoras y de RCTV Internacional, no es descabellado pensar que la próxima meta serán los medios virtuales.

Sin embargo, en este instante no existe plataforma legal para que el Estado los controle. La Constitución y la Ley de Telecomunicación vigente estipulan lo contrario: un acceso libre y plural del servicio.

Eso se ha respetado en la práctica hasta cierto punto. El Gobierno lanzó un decreto en marzo del año pasado para declarar Internet como servicio suntuario (lujoso) en las instituciones públicas. Así que ahora no es prioritario que los funcionarios se conecten en sus oficinas. Igual pueden hacerlo en un cibercafé o en sus hogares si tienen el servicio.

Ese es el panorama actual.

Los casi 9 millones de personas que usan Internet en Venezuela (3 de cada 10 habitantes, según la consultora Tendencias Digitales) aún tienen formas para conectarse a la red sin dolores de cabeza. Pero la amenaza está latente y lo peor: escrita en blanco y negro.

Reforma engavetada
A mediados de 2008 apareció incluida en el “paquetazo” la nueva Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales para ser decretada por la Habilitante (era la ley No. 27). La idea era que sustituyera la norma vigente. Fue aprobada en Consejo de Ministros y el Tribunal Supremo de Justicia declaró su constitucionalidad.

Pero la ley, llamada también Decreto 6244, se sacó de ese paquete y se apretó la tecla de pausa.

La entonces ministra de Telecomunicaciones e Informática, Socorro Hernández, afirmó que era un borrador y que debía darse primero un debate público sobre la materia. En el Parlamento nadie quiso confirmar la llegada de esa ley para su discusión.

Luego, en junio de 2009, la Comisión de Medios de la Asamblea dijo que la revisión quedaba en manos del presidente de Conatel, Diosdado Cabello.

Lo que sucedió fue que cuando el texto legal se filtró causó mucho revuelo, pues proponía ese piso legal para que el Estado fuera el único que controlara Internet a través de un solo punto de interconexión.

Esta fue la principal preocupación de un grupo de académicos de varias universidades venezolanas que evaluó exhaustivamente la reforma.

En un informe elaborado por estos especialistas y por la Escuela Latinoamericana de Redes, EsLaRed, se concluye que el cambio de una red con accesos de varios proveedores como la que existe hoy al de una sola vía de acceso implica un alto riesgo: “Es muy importante reconocer que no se está hablando de un Punto de Acceso Único (NAP) sino de un NAP manejado por el Estado. Esto motiva una preocupación nacional, pues en el ambiente internacional los NAP suelen ser manejados por el sector privado”, dice el análisis.

Una de las coordinadoras del informe y docente de la ULA, Sandra Benítez, resalta que ese proyecto legal fue sorpresivo porque para su elaboración nunca se incluyeron sectores académicos o a los operadores de la Red. “La nueva ley que se propuso tiene problemas de fondo porque abre un margen de discrecionalidad. Una ley tan amplia (más de 400 artículos y varias áreas de acción) es una involución porque busca centralizar el control de las comunicaciones”.

La profesora de la ULA Raiza Urribari, quien también participó en el informe, insiste en que sería contradictorio aprobar una ley que pretenda controlar el uso de Internet. “La Constitución y la Ley de Telecomunicaciones le dan carácter prioritario al Internet, al igual que los acuerdos internacionales como el de Ginebra o el de Túnez, que Venezuela ratificó a partir del año 2000″.

Isabel Briceño, otra profesora de la ULA y experta en Internet, afirma que la tecnología mundial apunta más bien a tener varias vías de conexión: satélites, fibra óptica, redes múltiples. “Pensar en el NAP ya resulta obsoleto. La tendencia no es centralizar las comunicaciones, sino a ampliar la red de distribución de los mensajes”, explica.